Tribunal Revolucionario de Irán condena a cinco cristianos a hasta 12 años de prisión

El Tribunal Revolucionario de Teherán condenó a cinco cristianos iraníes a penas de entre ocho y doce años de prisión, en un caso que organizaciones internacionales califican como una nueva escalada en la represión contra creyentes vinculados a iglesias domésticas.

Según informó la organización Article 18, con sede en el Reino Unido, las sentencias se basaron en artículos recientemente modificados del Código Penal iraní relacionados con delitos contra la seguridad nacional. El juez a cargo fue Abolqasem Salavati, conocido por imponer condenas severas en procesos de carácter político o religioso.

Entre los condenados se encuentran el pastor Joseph Shahbazian, Nasser Navard Gol-Tapeh y Aida Najaflou, además de otra mujer cuya identidad no fue revelada. Cada uno recibió una pena de 10 años de prisión. En el caso de Najaflou, la condena se incrementó con dos años adicionales por publicaciones en redes sociales. Lida, esposa del pastor Shahbazian, fue sentenciada a ocho años de cárcel.

Los cinco fueron acusados de “conspiración” y de difundir “propaganda” contra la República Islámica. Aunque el juicio se realizó en octubre, las notificaciones oficiales de las sentencias fueron entregadas recién entre finales de noviembre y principios de diciembre. Los acusados cuentan con un plazo de 20 días para presentar apelación.

Biblias como “evidencia”

Durante los arrestos, las autoridades confiscaron pertenencias personales, incluyendo Biblias y otros materiales cristianos, que fueron enviados al Ministerio de Inteligencia. Organizaciones de derechos humanos han denunciado que, en casos similares, los textos religiosos son utilizados como prueba de actividades consideradas ilegales.

Tanto Shahbazian como Gol-Tapeh ya habían cumplido condenas previas por su participación en iglesias domésticas. Gol-Tapeh fue liberado en 2022 tras casi cinco años en prisión. Shahbazian, por su parte, salió en libertad en 2023 después de cumplir más de un año de una sentencia de diez años, antes de ser nuevamente detenido.

Fianzas millonarias y salud en riesgo

El caso también ha generado preocupación por las fianzas impuestas. Según Article 18, la fianza de Aida Najaflou fue fijada en aproximadamente 130 mil dólares, mientras que la de Gol-Tapeh alcanzó casi 250 mil dólares. La cifra correspondiente a Shahbazian no fue revelada.

Najaflou, de 44 años, padece artritis reumatoide y había sido sometida recientemente a una cirugía de columna antes de su arresto. El 31 de octubre sufrió una caída desde la litera superior de su celda en la prisión de Evin, fracturándose la columna. Aunque fue trasladada brevemente a un hospital, regresó el mismo día sin recibir tratamiento adecuado. Sus heridas se infectaron y solo fue ingresada nuevamente dos semanas después.

Su abogado expresó públicamente su preocupación por el riesgo de una lesión medular permanente y solicitó atención médica urgente.

Mansour Borji, director de Article 18, afirmó que el proceso presenta “graves deficiencias”, incluyendo detenciones prolongadas, condiciones médicas delicadas y exigencias económicas desproporcionadas.

Marco político y religioso

La acusación se apoya en disposiciones legales vinculadas a la seguridad nacional, pero también en un discurso pronunciado en 2010 por el líder supremo Ali Khamenei, quien describió el crecimiento de las iglesias domésticas como una amenaza al Estado.

En el expediente judicial se señala que Shahbazian estaba “orgulloso de sus actividades criminales”, mientras que en el caso de Gol-Tapeh se menciona la distribución y almacenamiento de Biblias como parte de la acusación.

Gol-Tapeh respondió que compartir su fe forma parte esencial de su identidad cristiana y de su compromiso espiritual.

Una realidad persistente

Irán continúa figurando entre los países donde los cristianos enfrentan mayores restricciones legales y sociales. Las iglesias domésticas —espacios de reunión privados ante la imposibilidad de congregarse libremente— son frecuentemente objeto de vigilancia, allanamientos y procesos judiciales.

Organizaciones internacionales sostienen que el uso de cargos vinculados a la seguridad nacional para procesar actividades religiosas pacíficas constituye una tendencia creciente en el país.

Mientras los condenados preparan su apelación, defensores de la libertad religiosa piden atención internacional y garantías de debido proceso.