ACIERA fija postura sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil y pide una reforma con enfoque integral

La Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina emitió un comunicado oficial en el que expresó su posición frente al debate legislativo sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil, actualmente en tratamiento en el Congreso Nacional.

La entidad evangélica consideró necesario actualizar la normativa vigente —que data de 1980— y adaptarla a la realidad social actual. Sin embargo, advirtió que cualquier reforma debe ir más allá de la mera sanción penal e incluir medidas concretas de prevención, reinserción y acompañamiento integral de los adolescentes en conflicto con la ley.

En su declaración, publicada el 13 de febrero, ACIERA afirmó que la legislación actual “ha quedado obsoleta” y que el debate debería contemplar la revisión de la edad de responsabilidad penal en consonancia con estándares internacionales y el contexto regional. No obstante, subrayó que reducir la edad por sí sola no resolverá el problema de la delincuencia juvenil si no se implementan políticas sociales y educativas sostenidas.

Solidaridad con víctimas y énfasis en la reinserción

La organización expresó solidaridad con las víctimas de delitos cometidos por menores, reconociendo el dolor y el reclamo de justicia. Al mismo tiempo, sostuvo que una respuesta exclusivamente punitiva resulta insuficiente si no se abordan las causas profundas que afectan a muchos adolescentes.

Entre sus propuestas, ACIERA remarcó que los jóvenes en conflicto con la ley no deberían ser alojados en cárceles comunes, sino en instituciones especializadas con equipos interdisciplinarios capacitados y recursos adecuados.

También solicitó al Estado la asignación de fondos para infraestructura, formación profesional y programas de acompañamiento que incluyan una dimensión espiritual dentro de los procesos de recuperación y reintegración social.

Factores estructurales y prevención

El comunicado hizo especial énfasis en factores estructurales que inciden en la problemática juvenil, como la “orfandad social”, el consumo temprano de sustancias y la ausencia de referentes familiares sólidos.

En ese marco, ACIERA propuso la implementación de un plan nacional de prevención del abuso de sustancias y el fortalecimiento de programas educativos preventivos en escuelas. Desde una perspectiva pastoral, reafirmó el papel de las iglesias en el acompañamiento de familias y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, pidió una coordinación efectiva entre el sistema judicial, las instituciones educativas y las familias, con mecanismos claros de seguimiento y apoyo.

Un debate legislativo en marcha

La declaración de ACIERA se produce en medio de un intenso debate parlamentario. La Cámara de Diputados aprobó recientemente el proyecto de ley que propone reducir la edad de responsabilidad penal de 16 a 14 años y establecer un régimen diferenciado de sanciones para adolescentes.

La iniciativa —impulsada por el oficialismo— ahora deberá ser tratada por el Senado. Entre sus objetivos se encuentra reemplazar el sistema vigente, incorporar medidas socioeducativas y garantizar que los menores no compartan espacios de detención con adultos.

El proyecto ha generado posiciones encontradas. Algunos sectores sostienen que fijar la edad en 14 años se alinea con parámetros regionales, mientras que organizaciones de derechos humanos y especialistas advierten sobre el riesgo de criminalizar a la adolescencia y reclaman políticas preventivas más profundas.

Una voz evangélica en el debate público

En este escenario, la postura de ACIERA se suma a la de otros actores sociales que buscan incidir en la discusión. La entidad planteó que cualquier reforma debe equilibrar justicia y responsabilidad con oportunidades reales de reintegración.

Para la organización, el desafío no consiste únicamente en determinar la edad de imputabilidad, sino en construir un sistema que atienda las causas sociales, familiares y espirituales que atraviesan a muchos jóvenes en situación de conflicto con la ley.

El debate continuará en las próximas semanas en el Senado, en medio de un clima político y social de alta sensibilidad sobre seguridad e infancia.